Gracias al convenio suscrito por la Consejería de Medio Rural y la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, las GDR dispondrán de un presupuesto de 250.000 € para llevar a cabo acciones de prevención y sensibilización contra la violencia de género.
En el caso concreto del Grupo de Desarrollo Rural SALNES ULLA UMIA, su propuesta será la conocida Caravana Morada, iniciativa que trabajará en colaboración con los 16 municipios de la comarca. Fue inaugurado en el municipio de Portas por su Alcalde Ricardo Martínez junto al equipo técnico de el GDR, y para el pasado viernes visitó el municipio de Meaño, en ambas localidades la caravana ofrecerá sus servicios en horario de mañana de 9:00 a. A las 2 pm.
Esta caravana contará con profesionales especialistas en psicología contra la violencia de género, técnicos en criminología e igualdad que ofrecerán este servicio itinerante para llegar a todos los municipios, mujeres y público en general.
La caravana del punto morado tiene un doble componente, por un lado para concienciar y visibilizar el compromiso social y el rechazo a la violencia de género y por otro lado para poder ofrecer un servicio técnico, de coordinación psicológica e información a las mujeres que lo demanden.
La situación de alarma sanitaria y encierro agravó el número de agresiones y abusos, en los 98 días del estado de alarma, las llamadas al 016 aumentaron en más de un 40% respecto al mismo período del año pasado. El carácter itinerante de este servicio es una gran ventaja para tratar de ayudar a las mujeres y la población en general que lo necesita.
Esta caravana cumplirá con todos los protocolos de seguridad de COVID 19 durante todo su proceso de actuación. Proporcionarán documentación informativa y brazaletes de lazo.
El GDR SALNES ULLA UMIA con la colaboración de los municipios de nuestras comarcas quiere aportar su granito de arena a las políticas contra la violencia de género, teniendo en cuenta el papel que tienen las mujeres en la economía de la Galicia rural. El 80% de los casos de violencia que ocurren en poblaciones rurales no son denunciados a las autoridades competentes ni en el propio entorno de la víctima.
